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lunes, 25 de julio de 2011

NEGLIGENCIA DE TORANZO AUMENTA FEMINICIDIOS EN SAN LUIS POTOSÍ

Por mas que el gobierno del San Luis Potosí trató de ocultar la terrible ola de feminicidios de mujeres adolescentes armando los asesinatos como casos aislados, los yerros del gober Fernando Toranzo y su procurador Cándido Ochoa sirvieron para ganar tiempo a favor de él o los criminales.

Ante la falta de atención y negligencia de las autoridades de San Luis, familiares de las víctimas recurrieron a la activista anti secuestro Isabel Miranda de Wallace ya que hasta el momento se acumulan 27 asesinatos del 2009 a enero del 2011.

La mala operación de Toranzo llegó a meter a la carcel a un sacerdote salesiano del colegio Carlos Gómez, como sospechoso del asesinato de la joven Itzashell Shantall González López de 16 años, “sembrada” en el colegio tres días después de su desaparición, sin embargo, desde el 2009 que está detenido aparecieron 27 jovencitas muertas.

Fernando Toranzo privilegió la operación política y nombró como procurador del estado a Cándido Ochoa, hasta entonces abogado del sacerdote inculpado José Carlos Contreras Rodríguez, por lo tanto tuvo que renunciar a la defensa del clérigo y posteriormente lo metió e la cárcel con el propósito de dar carpetazo a los casos de feminicidios de jovencitas.

Después de tres años las presuntas pruebas resultaron insostenibles, la investigación del ministerio público se enfocó únicamente en la casa sacerdotal y los feminicidios continuaron a niveles de escándalo lo que provocó fuertes apoyos sociales y de la Arquidiócesis de México a favor del sacerdote, reflejados en el sitio de internet www.padreinocente.net, blogs, facebook y twiiter.

CONGRESO METERÁ MANO EN FOVISSSTE

Un grupo de diputados encabezados por Laura Itzel Castillo preparan un punto de acuerdo para citar a Manuel Pérez Cárdenas a comparecer en el Congreso de la Unión para explicar los casos de corrupción en el Fovissste y el otorgamiento de los créditos directos de vivienda operados por presiones sindicales.

Desde el inicio de su gestión, el Vocal Ejecutivo denunció a la Secretaría de la Función Pública una red de corrupción que alteraba en la dependencia los datos de los derechohabientes con el propósito de otorgar créditos inflados, sin embargo, para los legisladores el tema de los créditos directos se volvió un asunto de irregularidades operado por las organizaciones sindicales de burócratas que nadie puede detener en complicidad con los grandes constructores de vivienda, ante la falta de interés de los auditores de Salvador Vega Casillas.

Blog: http://losmalosos.blogspot.com/